Almoloya de Juárez, Estado de México. Un juez de control decretó prisión preventiva justificada y ordenó la separación del cargo a Selenne “N”, quien se desempeñaba como presidenta municipal de Capulhuac, tras ser vinculada a una investigación por su probable participación en el delito de abuso de autoridad.
Durante la audiencia realizada en los juzgados de Almoloya de Juárez, el Ministerio Público presentó datos de prueba que señalan a la imputada como probable responsable de agredir físicamente a una servidora pública, en un hecho ocurrido el pasado 2 de mayo. Según la denuncia, la víctima, identificada con las iniciales M.R.G., labora en el área de apoyo psicológico del DIF municipal y fue agredida en el marco de una reunión de trabajo por Selenne “N” y otras dos mujeres, quienes presuntamente la golpearon y la sacaron por la fuerza del lugar.
El agente del Ministerio Público argumentó que la imputada no solo abusó de su posición como autoridad, sino que utilizó el aparato institucional con fines personales, transgrediendo el principio de legalidad y su deber de imparcialidad. También destacó un posible riesgo procesal, ya que la exalcaldesa podría ejercer presión o represalias contra la víctima y los testigos, debido al poder que aún conserva en el municipio y al control que mantendría sobre la policía local.
Además, se advirtió que este contexto ha generado temor entre los testigos, lo que ha dificultado su disposición para declarar.
Selenne “N” fue detenida el 24 de junio en flagrancia por los delitos de cohecho y resistencia, y puesta a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, el 25 de junio, la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad. Fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La audiencia para determinar su situación jurídica está programada para el próximo 29 de junio.
Cabe recordar que, conforme al principio de presunción de inocencia, a Selenne “N” se le debe considerar inocente mientras no se emita una sentencia condenatoria en su contra.
